El bienestar no es una limosna, ni un favor que se hace, es una forma de retornar a la sociedad lo que ella misma produce para sostener a la vida. No es un expolio fiscal al súper rico, al contrario, significa hacer efectivo el acceso a los bienes comunes. En su ataque a la universalidad, quieren destruir una sociedad que cuente con mecanismos de solidaridad compartida para equilibrar las desigualdades.
El partido de los privilegiados siempre ha repetido invariablemente, aunque cambiando la puesta en escena, los mismos argumentos a lo largo de la historia: “lo que hay en la actualidad es lo único que puede haber” “Eso que se propone es una locura, es imposible, nos llevará al caos”, “Eso desincentiva el carácter del trabajador”. Es lo que decían cuando se proponía la jornada laboral de 8 horas, cuando se demandaba ampliar la asistencia social, cuando se proponía la existencia de vacaciones, cuando se pedía prohibir que los niños bajasen a la mina. Es el mismo hilo argumental, las mismas bajas pasiones y cinismo exacerbado, que se inocula cuando se habla hoy de una renta básica, o cuando se plantea un cheque bebé. Todo es imposible, todo provocará el mal y el desastre.
A este planteamiento histórico, debemos añadir un razonamiento un poco más retorcido: los derechos universales son injustos porque tanto un pobre como un súper rico los reciben. ¿Quién emite ese discurso, a qué tipo de orden corresponde y a quién defiende? No es casualidad que sea el Partido Popular quien justifique el copago sanitario, quien defienda que Botín no pueda acceder a un derecho, precisamente dicen, en defensa de los más desfavorecidos. Ya que tienen dinero, que se lo paguen ellos, que no reciban nada. Esto es un engaño. Si quien tiene por política, defender un modelo oligarca donde todo debe funcionar al servicio de unos pocos y si hay suerte, algo puede caer al populacho, acusa de ser “injustas” a las medidas de corte universal, nos debería hacer reflexionar.
¿Es injusto que un súper rico reciba un cheque bebé? ¿O una renta básica? Un súper rico lo que quiere es no pagar los impuestos con los que se van a financiar esos derechos, una cantidad mucho mayor de lo que reciben con un cheque bebé o una renta básica. ¿Para qué quiere un súper rico un cheque bebé o 645 euros al mes, cuando puede tener mucho más si no paga los impuestos con los que se va a financiar universalmente esas medidas? Por eso el PP califica de injustas las medidas universales, porque para que puedan existir, hay que financiarlas con el dinero de los ricos que no pagan casi impuestos. Cuando dicen que es “injusto”, no quieren decir lo que expresan, esto es, que lo sea porque lo reciba un rico y un pobre. Esa es la excusa demagógica que utilizan para defender que no se pueda financiar el bienestar.
En un país donde trabajamos 280 horas más al año que en Alemania, al tiempo que las horas extra trabajadas no pagadas equivalen a 75.000 empleos a tiempo completo, plantear la reducción de la jornada laboral se presenta como una medida de sentido común. En un país donde, entre 2014 y 2028 nacerán un 24,8% de niños menos que en los 15 años previos, fomentar la natalidad es una necesidad de salvación nacional. En país donde según la OMS, un 48% de las madres españolas consideran que el principal inconveniente que tienen para no amamantar a sus bebés, se debe a la dificultad de combinarlo con la actividad laboral, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar (también paterna), es una tarea que incumbe a toda la sociedad.
El bienestar no es una limosna, ni un favor que se hace, es una forma de retornar a la sociedad lo que ella misma produce para sostener a la vida. No es un expolio fiscal al súper rico, al contrario, significa hacer efectivo el acceso a los bienes comunes. En su ataque a la universalidad, quieren destruir una sociedad que cuente con mecanismos de solidaridad compartida para equilibrar las desigualdades. “Hay que ser responsables, tenemos derecho a elegir”, son slogans neoliberales. Lejos de estar vacíos, aluden al modelo de la jungla y de la sociedad enfrentada a la sociedad, donde solo hay espacio para el individuo aislado, responsable de su capacidad comercial para ser lo suficientemente competitivo. Para salir de dudas, como explica el economista Alberto Montero: es más decente y progresivo un sistema, si quien tiene menos, paga menos y recibe más y viceversa, más regresivo, si quienes más tienen, pagan menos y reciben más. Existen muchas formas de concebir un mismo concepto, de ahí que, como nos recuerda Aristóteles, “el que es ciudadano en una democracia con frecuencia no es ciudadano en una oligarquía.”
Claves de la propuesta de economía feminista que Podemos tiene sobre la mesa
Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, sistema de dependencia garantizado, educación infantil universal, equiparar los derechos de las empleadas del hogar a los del resto de los trabajadores, y jornada laboral de 35 horas semanales. Son las claves del programa económico para reformar el sistema de cuidados que la experta fiscal María Pazos y la economista Bibiana Medialdea han elaborado a petición de Podemos. El documento propone varios cambios económicos y sociales para transformar el sistema de bienestar que están explícitamente inspirados en la economía feminista.
Las autoras basan su trabajo en tres principios: el de solidaridad («la mayoría de la población no puede cubrir los riesgos sociales individualmente»), el de capacidad («la sociedad necesita la contribución de todas las personas en función de su renta y disponibilidad») y el de ciudadanía universal e individualización de derechos («reconocer el objetivo de que todas las personas sean independientes económicamente toda su vida y con igualdad de oportunidades»). «En el nuevo sistema –aseguran–, los objetivos económicos van en consonancia con los objetivos de bienestar social».
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado en la presentación que no se trata de un documento «para cubrir el expediente de cara al 8 de marzo, sino una apuesta real por la igualdad». «Un documento que nos permite discutir de lo que significan los cuidados para un proyecto de regeneración democrática», ha dicho Iglesias.
Por un lado, plantean un sistema de atención a la dependencia universal y que evite la retirada del mercado de trabajo de familiares. Ese sistema universal tendría una implantación progresiva y eliminaría el artículo 18 de la actual Ley de Dependencia, que prevé una prestación por cuidados en el entorno familiar, para acabar «con la injusticia que supone el sacrificio de las mujeres de la familia». Es decir, apuestan por acabar con estímulos que, consideran, no garantizan ni salarios ni prestaciones dignas para las cuidadoras informales, mientras que fomentan la retirada de las mujeres del mercado formal.
«La autonomía funcional es un derecho básico que todas las personas deberían tener asegurado por parte de los servicios públicos sin depender de otras personas. Por otro lado, nadie debería sentirse presionado a abandonar su empleo para proporcionar cuidados de larga duración. Además, ninguna categoría laboral debería estar fuera de los derechos básicos. Finalmente, las personas deberían tener tiempo para proporcionar a sus familiares dependientes afecto y cuidados, voluntariamente y sin sacrificar su propia vida», afirma el documento.
Ligada a esta filosofía se encuentra otra de sus propuestas: la equiparación de los derechos de las empleadas de hogar al Estatuto de los Trabajadores. «Un sistema que asegure los servicios públicos podrá ofrecer empleos dignos a estas personas», señalan. Aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya aprobó la integración paulatina de estas empleadas en el Régimen General de la Seguridad Social, modificaciones posteriores han empeorado la situación del sector. Falta, además, dotarlas de algunos derechos, como el desempleo.
Mercado laboral
El documento incluye otras tres propuestas con efectos sobre el mercado laboral. Una de ellas es la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad: el aumento del permiso de paternidad de las dos semanas actuales hasta las 16 semanas que ya tienen las madres se haría progresivamente. Los permisos serían intransferibles, «como son todos los demás derechos laborales y sociales», y pagados al 100% «para que ninguna persona se quede sin ingresos por hacer algo tan necesario y beneficioso para la sociedad como es el cuidado de una criatura».
La maternidad y la paternidad tendrían también la misma protección frente al despido durante «un tiempo prudencial». «Si la protección afecta igualmente a hombres y a mujeres, no provocará discriminación en el empleo», señalan. Las expertas subrayan que esta medida permitirá involucrar «masivamente» a los hombres en las tareas de cuidado y eliminará el estigma de que las mujeres están «menos disponibles para el empleo».
Las expertas apuestan por fijar una jornada laboral semanal de 35 horas y eliminar los incentivos al empleo a tiempo parcial, muy feminizado. «Si en lugar de favorecer un sistema que conduce a que en una pareja el hombre trabaje 45 horas a la semana y la mujer 25, se favoreciera que todas las personas trabajaran como regla general 35 horas, el número de horas semanales totales sería el mismo, pero esas personas tendrían menos problemas y más seguridad y estabilidad en el empleo, además de que podrían cuidar a sus criaturas en igualdad», explican.
Prestaciones universales por hijo
El documento plantea que el Estado garantice una educación infantil pública, gratuita y con amplios horarios desde el día siguiente a la finalización de los permisos de los progenitores. Pazos y Medialdea mencionan el ejemplo de Suecia, Dinamarca y Noruega, donde la educación infantil está reconocida como derecho universal desde los cero años e incluida de forma efectiva en el sistema educativo.
También abogan por la implantación de prestaciones universales por hijo, independientes del nivel de renta y del tipo de familia. Las familias monoparentales también tendrían una prestación en función del número de menores a cargo. Medialdea y Pazos rechazan beneficios sociales como los que existen actualmente porque, aseguran, «producen incentivos adversos a la participación de las mujeres en el empleo declarado» o, porque en el caso de las desgravaciones en el IRPF, no alcanzan a las rentas inferiores al mínimo exento.
«En la práctica potencian la perpetuación de la dependencia económica y la economía sumergida […] Las prestaciones universales por hijo atienden a todas las criaturas por igual, lo que es coherente con la idea de que su finalidad es el bienestar de la infancia independientemente de sus progenitores», apuntan. Las expertas sugieren que este tipo de prestaciones estén financiadas a través de impuestos para asegurar la progresividad por esa vía.
Viabilidad
El documento de Pazos y Medialdea incluye algunas cifras para avalar la viabilidad de estas reformas. Las expertas aseguran que, en cualquier caso, la ampliación de la protección social, la reducción de la pobreza y la economía sumergida, favorecer el consumo privado y mejorar la eficiencia económica podrían hacer que el incremento presupuestario necesario para financiar estos cambios fuera finalmente menor que el esperado.
Por ejemplo, sobre la ampliación del permiso de paternidad calculan un coste de 500 millones el primer año –en el que se equipararía a seis semanas– y otros 200 millones más cada año durante cinco años hasta su implantación total.
Medialdea y Pazos sugieren también que algunos incentivos son perversos para la permanencia de las mujeres en el mercado laboral y creen que desaparecerán a medio o largo plazo. Es el caso de la tributación conjunta de los matrimonios o la pensión de viudedad: el primer caso supondrá un coste de unos 3.500 millones en 2015, mientras que para el segundo están presupuestados 20.777 millones de euros, un dinero que, a largo plazo, ven viable invertir en sus reformas.
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